El Supremo admite a trámite los recursos contra el decreto que "recorta" el trasvase Tajo-Segura

La Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha admitido a trámite los cuatro recursos interpuestos, respectivamente, por el Ejecutivo murciano, la Junta de Andalucía, la Diputación de Alicante y el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) contra el Decreto del Gobierno central que "recorta" el trasvase.

En concreto, una de las diligencias de ordenación deja constancia de que "se tiene por interpuesto" el recurso contencioso-administrativo de la Comunidad de Murcia y se "admite a trámite". "Tramítese el presente recurso por las normas establecidas por el procedimiento o única instancia", destaca.

En consecuencia, la Sala establece que se requiera al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) para que en el "improrrogable plazo de 20 días, remita el expediente administrativo correspondiente a la citada disposición".

Contra esta resolución cabe interponer un recurso de reposición en el plazo de cinco días. Además, el documento establece que la ponencia del recurso al magistrado Ángel Ramón Arozamena.

Por otro lado, la Sala ha acordado abrir una pieza separada para la tramitación de las medidas cautelares solicitadas por los recurrentes para la suspensión cautelar del Decreto. Así, concede al Abogado del Estado el plazo de diez días a fin de que "alegue lo que a su derecho convenga".

Los magistrados del alto tribunal tendrán que dirimir si aceptan o no la adopción de las medidas cautelares solicitadas por recurrentes en su recurso mientras se resuelve la pieza principal.

Cabe recordar que el presidente del Gobierno de la Región de Murcia, Fernando López Miras, alertó este miércoles que, de no producirse la suspensión cautelar del "recorte" del trasvase Tajo-Segura que ha solicitado su Ejecutivo, habría "un perjuicio irreparable para toda la Región de Murcia, y especialmente en la planificación de las siembras y cosechas de los próximos meses, porque los agricultores no pueden arriesgarse a soportar nuevas y mayores pérdidas que las que ya sufren".

Además, resaltó que esa cautelar era "necesaria para evitar desde el minuto uno un daño difícil de revertir", ya que el recorte "nos condena a la ruina" y "afecta a toda la sociedad, no sólo a la agricultura".

El presidente murciano cree que no existe ningún interés público superior que exija la aplicación del decreto

Así, el presidente señaló que la Comunidad había solicitado la suspensión cautelar del nuevo régimen de caudales ecológicos "porque no existe ningún interés público superior que exija la aplicación inmediata, pero sí está más que demostrado que su aplicación genera de inmediato graves perjuicios económicos y sociales en la Región de Murcia".

En este sentido, recordó que el recurso contra el Supremo busca "corregir una decisión oportunista y sectaria que carece de cualquier rigor técnico", y puso de relieve que "cuanto más se estudia el Decreto que recorta el trasvase más nos queda claro que detrás solo hay motivos políticos".

Para respaldar su solicitud de medidas cautelares, el Gobierno regional adjuntó una memoria con diez anexos que representan los trabajos técnicos que se han encargado a diferentes expertos en la materia.