VIOLENCIA DE GÉNERO
Pacto de Estado contra la Violencia de Género: medidas incumplidas o pendientes
El Pacto de Estado contra la Violencia de Género ha sido la hoja de ruta de la lucha contra las violencias machistas en España
La ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero (d), posa junto a la presidenta del Congreso, Francina Armengol (i), con el informe de evaluación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, Marta Fernández
El Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que se aprobó con una vigencia de cinco años (2017-2022) y cuyo compromiso político fue renovado en las Cortes en 2021, daba cinco años para cumplir 290 medidas encaminadas a mejorar la respuesta del Estado contra las violencias machistas. concluido ese plazo, se han culminado el 65,5 % de las medidas, el 29,3 % está en camino pero incompletas, el 3,2 % se han incumplido y el 2 % no han sido evaluadas.
La ministra de Igualdad en funciones ha entregado a la presidenta del Congreso este primer informe de evaluación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
De las 290 medidas dirigidas a mejorar la respuesta del Estado contra las violencias machistas, entre las 190 culminadas: la prohibición del síndrome de alienación parental, la suspensión de las visitas de los padres maltratadores o la elaboración de la ley de garantía integral de la libertad sexual.
Y han elaborado herramientas para las comunidades autónomas: el plan conjunto plurianual.
Regiones a las que darán un año más, hasta diciembre de 2024, para abrir los centros de crisis de atención integral a víctimas de violencia sexual. Solo están en Cantabria, Madrid y Asturias. En Castilla-La Mancha, la directora del Instituto de la Mujer anunció en CMM que estarían listas a mediados del año que viene en las cinco provincias.
Desde Igualdad denuncian además que ocho de las nueve medidas incumplidas del Pacto de Estado pertenecen a Justicia, la otra a Sanidad.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha denunciado el "enorme crecimiento del negacionismo" de la violencia machista y en este sentido ha incidido en que el cumplimiento del Pacto no es "una opción política", sino una obligación para las instituciones y los poderes del Estado.
Considera que el Pacto no constituye "un punto de llegada", sino que se debe "multiplicar" en los años venideros para llegar a todas las víctimas de todas las violencias machistas, con especial atención a las más vulnerables, y financiar con un presupuesto de mil millones de euros anuales
