La macrooperación de la UDEF en toda España incluye registros en Illescas
Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal registran el Ayuntamiento de la localidad toledana de Illescas en el marco de la macrooperación policial contra una red que amañaba contratos para adquirir sistemas de gestión del tráfico.
El Ayuntamiento de Illescas (Toledo) ha confirmado que agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional se han personado en la mañana de esta martes con el objetivo de requerir información solicitada dentro de la operación lanzada este martes por la Fiscalía Anticorrupción junto con agentes de la UDEF por los contratos de diferentes aplicaciones de gestión policial en una cuarentena de municipios de toda España, asegurando que ha puesto a disposición de los agentes "toda la documentación requerida".
Operación en toda España con más de 40 detenidos
La Policía Nacional ha lanzado este martes a primera hora una operación anticorrupción con registros en varios ayuntamientos de toda la geografía española por la contratación presuntamente irregular de aplicaciones de tráfico, según han informado fuentes de la investigación.
En el operativo, liderado por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) junto con la Fiscalía Anticorrupción, se han efectuado detenciones, entre otros lugares, en la Comunidad de Madrid, Cataluña, Asturias y Castilla y León, según las citadas fuentes.
Hasta el momento, al menos, 35 personas han sido detenidas, entre cargos políticos, funcionarios públicos y empresarios. Entre ellos, el jefe de la Policía Local de Fuenlabrada (Madrid), José Francisco Cano, y el alcalde de Arroyomolinos (Madrid), Carlos Ruipérez, primer regidor de Ciudadanos arrestado por un caso de corrupción. Además del también jefe de la Policía Local de Oviedo (Asturias), José Manuel López.
En el centro de la operación se encuentra la empresa Aplicaciones Gespol SL, una filial del grupo Sacyr con sede en Barcelona que fue constituida en octubre de 2016 y que está especializada en aplicaciones para controlar el tráfico rodado.
Los investigadores creen que habría amañado concursos públicos con la connivencia de políticos locales del PSOE, PP y Ciudadanos.
