Los letrados de la administración de justicia comienzan una huelga indefinida

Los letrados de la administración de justicia, los antiguos secretarios judiciales, están llamados a la huelga indefinida. Reclaman al Gobierno mejoras retributivas y laborales acordes a las nueva funciones que se les han ido atribuyendo tras sucesivas reformas legales.

Este paro, convocado por las asociaciones CNLAJ,UPSJ y AINLAJ, puede paralizar miles de juicios y vistas. Por ello, los letrados piden, por un lado, perdón de antemano y, por otro, comprensión, porque "se trata de un problema larvado". Desde el Ministerio tachan de "político".

Así lo ha explicado Antonio Gutiérrez, letrado de la administración de la justicia de los juzgados de los social de Ciudad Real, en los micrófonos de Radio Castilla-La Mancha. 

¿Por qué convocan huelga?

Exactamente, reclaman al Gobierno mejoras retributivas y laborales acordes a sus nuevas funciones, atribuidas progresivamente tras las sucesivas reformas legales.

En total, son unas 4.300 personas en todo el país las que están llamadas a la huelga para reclamar las retribuciones que el gobierno central no les ha otorgado desde hace una década.

"El colectivo ha llegado a una situación insostenible".

Antonio Gutiérrez explica que, en el año 2009, les atribuyeron "una cantidad de funciones, que asumimos por el servicio público y que no han sido retribuidas".

La versión del Gobierno

Por su parte, Justicia sostiene que, de sus once reivindicaciones, solo queda pendiente por cumplir una: la revisión del sistema de productividad y su complemento en la carrera profesional.

Para el Ministerio, cualquier reclamación salarial del colectivo está "fuera de lugar", ya que su salario "crecerá de media un 14,76 % en tres años", aseguran.

Tras las negociaciones llevadas a cabo, en 2023, el salario de un letrado de la Administración de Justicia, que trabaja en el juzgado y está entre los niveles 26 y 28, oscila entre los 39.011,80 y los 59.537,42 euros.

No se tienen en cuenta sus retribuciones variables, lo que supone "entre un 79 y un 140 por ciento más que cualquier funcionario de la administración del Estado en esos mismos niveles".

EFE