Juicio en Madrid a 133 controladores aéreos: "Nosotros no cerramos el espacio aéreo"
Este martes ha comenzado en Madrid el juicio contra 133 controladores aéreos por el cierre del espacio aéreo español. De los 133 acusados de un delito de abandono de servicio público por paralizar la actividad aeronáutica, 119 han alcanzado un acuerdo con la Fiscalía de Madrid. Acuerdo tras admitir una condena que oscila entre 31.500 euros y cinco meses de inhabilitación para seis representantes, y unos 15.000 euros para el resto.
Los catorce controladores que no han pactado tienen hasta el 29 de enero para hacerlo, si no podrían enfrentarse a tres meses de juicio y a multas de entre 75.000 y 60.000 euros.
A la entrada del juicio, celebrado en el Juzgado de los Penal número 8 de Madrid, el portavoz del sindicato mayoritario USCA, César Cabo, ha asegurado que comienza un juicio "que a no debería tener lugar. Nosotros no cerramos el espacio aéreo. Veinte jueces y veinte fiscales nos han dicho que no cometimos ninguna conducta ilícita". Y añade "En Madrid parece que estos argumentos no valen. Creemos que es un juicio más político que jurídico".
Los hechos se remontan al 3 y 4 de diciembre de 2010, puente de la Constitución. En aquellos dos días, según la Fiscalía, "a consecuencia del abandono colectivo" de los acusados -funcionarios públicos- de sus puestos de trabajo se produjo el cierre del espacio aéreo en la región Centro-Norte y, por consiguiente, la cancelación de 1.352 vuelos. Durante esos dos días se tuvo que cerrar el espacio aéreo lo que afectó a a unos 700.000 pasajeros; algunos de ellos, con colectivos de afectados, iniciaron acciones legales.
En su escrito de acusación, el fiscal recuerda la condición de funcionarios públicos de los controladores aéreos y el "esencial" servicio público que prestan para la comunidad "como es el transporte aéreo".
También reclama una indemnización conjunta y solidaria, a cada uno de los perjudicados por el importe que acrediten haber pagado por los billetes de avión cuyo vuelo haya sido cancelado y por los demás gastos que acrediten documentalmente derivados de dicha cancelación. De dichas indemnizaciones será responsable civil subsidiario el ente público Aena.