El Gobierno aprueba hoy la ley de secretos oficiales y la de protección animal

El Consejo de Ministros tramita el anteproyecto de ley de secretos oficiales que sustituirá a la ley vigente, aprobada en abril de 1968, en pleno franquismo, y modificada en octubre de 1978.

La nueva norma incorporará cuatro categorías (restringido, confidencial, secreto y alto secreto), fijará un mínimo ampliable de 50 años para guardar los "altos secretos" de Estado y otorgará la responsabilidad de la información clasificada al Ministerio de la Presidencia, que ahora recae en el de Defensa. Ya no habrá documentos clasificados de por vida.

Desclasificación de documentos

Hay un volumen de información clasificada muy elevado en nuestro país, mayor que en otros países de nuestro entorno. Para manejarlo, la ley prevé que se trate de forma específica y no desclasificar los documentos de forma masiva.

En los 54 años de vigencia de la ley solo en ocho ocasiones los sucesivos Ejecutivos han desclasificado documentos secretos.

- La primera vez fue el 18 abril de 1997, bajo la presidencia de José María Aznar, documentos relacionados con la actividad de los GAL. El Ejecutivo acató así la orden del Tribunal Supremo y aprobó además la desclasificación de todos los documentos relativos a la "guerra sucia" contra ETA.

- El Gobierno volvió a desclasificar documentos el 18 de marzo de 2004, cuatro días después de las elecciones generales, está vez se trató de dos informes del CNI sobre los atentados del 11 de marzo en Madrid.

- Cuatro meses más tarde, se decidió desclasificar el contenido de la práctica totalidad de los documentos reclamados por la Comisión de Investigación sobre los atentados del 11-M, salvo seis del CNI.

- El 16 de septiembre de 2005, el Ejecutivo acordó de nuevo una desclasificación de informes secretos relacionados con los atentados del 11-M y con el posterior suicidio de supuestos terroristas el 3 de abril en Leganés (Madrid).

- El 9 de febrero de 2007, se aprobó la desclasificación de los documentos del CNI relativos a los vuelos de aviones de la CIA en territorio español con presuntos terroristas detenidos.

- El 20 de marzo de 2009, el Gobierno desclasificó toda la documentación sobre el accidente del helicóptero Cougar en el que murieron 17 militares españoles en Herat (Afganistán) en agosto de 2005.

- El 16 de diciembre de 2011, se desclasificó documentos archivados en la Embajada y Consulados de España en Argentina sobre varios cientos de españoles desaparecidos en los decenios 1970-1980, durante la dictadura militar.

- El 7 de diciembre de 2018, el Gobierno ordenó desclasificar documentación secreta sobre la Operación Kitchen, supuestamente diseñada por el Ministerio del Interior en 2013 para sustraer documentos al extesorero del PP Luis Bárcenas.

El Gobierno da luz verde a la primera Ley de derechos animales

Uno de los mayores cambios de esta legislación es impedir que se sacrifiquen animales de compañía salvo por motivos sanitarios y eutanásicos.

Además se endurecen las penas de maltrato, podrán llegar hasta los tres años de cárcel, a través de la reforma del Código Penal y se incluye en la misma a todos los animales vertebrados.

La normativa lucha además contra el abandono al exigir que todos los animales de compañía estén identificados y que la cría solo pueda hacerse mediante criadores registrados. Se trata de un "problema muy serio" en España, pues "el año pasado más de 285.000 perros y gatos llegaron a las protectoras".

También se prohíben los circos con animales salvajes y la comercialización de perros, gatos y hurones en las tiendas de mascotas, así como su exhibición y exposición al público con fines comerciales.

Los zoos y delfinarios se reconvertirán en centros de recuperación de especies autóctonas, y se prohibirá la utilización de animales en actividades y espectáculos en los que puedan sufrir daño o muerte, como las peleas de gallos o el tiro al pichón.

Decreto de lucha contra los incendios

El Gobierno ha aprobado un real decreto ley de medidas urgentes para favorecer la coordinación de todas las administraciones en la prevención y extinción de incendios forestales y establecer unos mínimos para que no existan diferencias entre servicios extinción de unas comunidades autónomas y otras.

EFE