Fiscales anticorrupción se opusieron a la orden de su jefe de frenar uno de los registros de la Operación Lezo

La junta de fiscales de Anticorrupción se opuso y consiguió revertir una orden del jefe de esa Fiscalía, Manuel Moix, en la que proponía suspender uno de los registros practicados este miércoles en la operación Lezo contra la corrupción en el Canal de Isabel II. Fuentes fiscales han confirmado a Efe que el fiscal jefe Anticorrupción, con el aval del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, presentó una orden por escrito a los fiscales del caso en la que se oponía a que se hiciera uno de las decenas de registros que los agentes de la Guardia Civil han llevado a cabo.

El Estatuto Orgánica del Ministerio Fiscal prevé que, cuando un fiscal reciba una orden de su jefe y la considere improcedente o no suficientemente razonada, puede recurrir a la Junta de esa Fiscalía. Así ocurrió, según las fuentes consultadas por Efe, y la Junta de Fiscales apoyó que se realizara el registro. Los agentes de la Unidad Central Operativa registraron durante todo el día varios domicilios y empresas, incluida la casa y el despacho de González y la sede del Canal, y este jueves continúan los registros en otras compañías.

Una noticia que ya tenido consecuencias políticas. Ciudadanos pedirá la comparecencia urgente del ministro de Justicia, Rafael Catalá, para que dé cuenta de los supuestos "chivatazos" dados al expresidente madrileño Ignacio González y las supuestas presiones de la Fiscalía Anticorrupción para impedir un registro en la operación Lezo. "Es de una gravedad extrema, si es cierto", ha dicho el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera.

También el PSOE  ha pedido las comparecencias de los ministros de Justicia, Rafael Catalá, y de Interior, Juan Ignacio Zoido, y del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, para que aclaren "las maniobras para obstaculizar la investigación de la corrupción del PP".

Este jueves continúan los registros. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil está registrando la sede central de las oficinas de OHL dentro de las investigaciones que sigue la Audiencia Nacional sobre la financiación ilegal del PP en Madrid. Según han indicado a Efe fuentes de la investigación, el registro ha sido ordenado por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que investiga en una pieza separada declarada secreta la financiación ilegal del PP madrileño.

También están registrando las sedes centrales en Madrid de Indra y Saerco en el marco de las investigaciones sobre supuesta financiación ilegal del PP en Madrid que sigue en una pieza separada el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.  Fuentes de OHL e Indra han confirmado a Efe que en el interior de sus oficinas se encuentran agentes de la Guardia Civil y que ambas empresas están prestando "la máxima colaboración posible".

Además de estos tres registros, las fuentes consultadas han señalado a Efe que se siguen otras actuaciones similares en otras empresas, como el caso de la sede en Madrid de Licuas, dedicada a conducciones hidráulicas, obra civil y mantenimiento de integral de edificios.

Entre este jueves y viernes pasarán a disposición judicial los 12 detenidos por la operación Lezo, que investiga la gestión irregular del Canal de Isabel II. Según han confirmado fuentes jurídicas no será hasta este viernes cuándo comparezca ante el juez el expresidente madrileño, Ignacio González. Este jueves serán cuatro de los doce detenidos los que pasarán por la Audiencia Nacional.

La mayoría de los arrestados han pasado la noche en las dependencias de la comandancia de la Guardia Civil en Tres Cantos. Se van concretando las acusaciones contra los detenidos y la cuantía de los beneficios obtenidos presuntamente por esta trama corrupta que podrían llegar a los 25 millones de euros.

Además de González, los otros tres principales detenidos son su hermano Pablo, directivo de la empresa pública Mercasa que también ha sido registrada; Edmundo Rodríguez Sobrino, considerado hombre fuerte de González en Latinoamérica y cesado hace un año como presidente de Inassa, que gestiona contratos del Canal en Latinoamérica y María Fernanda Richmond, exdirectora financiera del Canal.

En el marco de esta operación, el juez Eloy Velasco también ha citado como investigados al director de La Razón, Francisco Marhuenda, y al presidente de este mismo periódico, Mauricio Casals.