Financiación con "criterios demográficos": los 35 puntos del documento de la declaración de Santiago
35 puntos en los que se reclaman un sistema de financiación "justo e igualitario" que tenga en cuenta los "efectos reales" sobre el coste de los servicios públicos que se prestan y la extensión del territorio. Esta es, entre otras cuestiones, lo que defienden en la declaración de Santiago: que el nuevo modelo de financiación tenga en cuenta criterios demográficos.
Es el documento que han suscrito los ochos presidentes de comunidades autónomas reunidas en el Foro de Santiago, que bajo el lema "camino de consenso" han debatido para reclamar un nuevo modelo de financiación en el que se pague el coste real del servicio público que se presta.
[Consulta la declaración completa suscrita por los ochos presidentes autonómicos]
Este es uno de los puntos de la Declaración de Santiago que este martes ha salido del encuentro en el que han participado los presidentes de Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura, Asturias, La Rioja y Cantabria.
Un documento que se inicia haciendo hincapié en el reto demográfico y la lucha contra la despoblación a la que se enfrenta el Estado español y por el que piden se siga trabajando con un enfoque "transversal, integral y consensuado".
"Somos leales con el Estado de las Autonomías y con respuestas constructivas", ha dicho el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco y ha pedido que se tengan en cuenta como "un instrumento de trabajo".
Criterios demográficos para un nuevo modelo de financiación autonómica
Es en el punto catorce donde se reclama en este documento un nuevo modelo de financiación "en el que se tenga en cuenta en mayor medida criterios demográficos para responder con eficacia y equidad a las necesidades del conjunto de los ciudadanos, vivan donde vivan", que nazca de un acuerdo de consenso dentro del Consejo de Política Fiscal y Financiera que determine "el coste real de los servicios".
"Esto no es postureo", ha aclarado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien ha asegurado que este documento "aporta y suma".
Entre los criterios que establecen para fijar el coste real de los servicios públicos se encuentran los costes fijos, la superficie, la dispersión geográfica, la baja densidad de población, la orografía, la baja natalidad o el envejecimiento.
Y se pide en el documento evaluar los gastos vinculados a educación, servicios sociales y sanidad, cuyo "peso específico del gasto se ha intensificado con la pandemia". También piden que se evalúe el efecto directo de la aplicación de la Ley de Dependencia en las comunidades autónomas y que se impulse el "equilibrio territorial".
Abogan porque los fondos Next Generation tengan un reparto "equitativo" con criterios "objetivos y estables" y apuestan por una transición económica "más verde y sostenible".
