Entra en vigor la orden para controlar la venta de sustancias para fabricar explosivos
acetona
El Ministerio del Interior ha trasladado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado una instrucción para tratar de dificultar la venta de precursores de explosivos, las sustancias que en muchas ocasiones se pueden comprar en tiendas y comercios y que, mezcladas con diferentes componentes, pueden ser utilizadas con fines terroristas.
Se trata de uno de los vacíos legales detectados por el Departamento del exministro Juan Ignacio Zoido. Tras la explosión de la casa-laboratorio de Alcanar (Tarragona) utilizada por la célula yihadista que atentó en Cataluña en agosto de 2017, el Ministerio del Interior propuso reforzar estos controles en diferentes foros policiales y políticos, como es el caso del Pacto Antiyihadista y las reuniones de ministros europeos.
El Departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ha elaborado una instrucción interna y un plan anual con los que pretende extremar la vigilancia e inspección sobre las empresas que comercializan estos productos (que incluye a farmacias, ferreterías o tiendas de jardinería) para aumentar la colaboración en la detección e identificación de compradores sospechosos.
Fuentes de Interior han explicado que la instrucción se ha remitido tanto a la Policía Nacional como a la Guardia Civil, dando traslado también de la misma a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno. En dicha orden ha participado el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO).
Registro de nombre y datos del comprador
De ahora en adelante, los comercios que suministren al público productos como la acetona, el ácido sulfúrico o algunos nitratos deberán registrar el nombre y los datos de identificación del comprador. Interior también contempla lanzar una campaña informativa, especialmente en el pequeño y mediano comercio.
Los expertos de la lucha antiterrorista demandan este tipo de medidas ante la proliferación de vídeos tutoriales para la fabricación de artefactos explosivos 'caseros'.
España se comprometió el 16 de octubre de 2017 en el G-6 de ministros del Interior, junto con Francia, Reino Unido, Alemania, Italia y Polonia, a impulsar normas para establecer un mayor control de los precursores de explosivos, así como mejorar el acceso a los datos de las comunicaciones manteniendo el equilibrio entre privacidad y seguridad.
