Entra en vigor la Ley de Amnistía

La Ley de Amnistía ya está en vigor. Este martes se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado. A partir de ahora los jueces tienen un plazo de dos meses para aplicar la llamada ley orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, aprobada por una ajustada mayoría (de 177 votos a favor y 176 en contra) el pasado 30 de mayo por el Congreso.

Ese plazo únicamente podría quedar en suspenso si se eleva una cuestión a la Justicia europea. El BOE abre además el plazo para presentar recursos de inconstitucionalidad. Algo que en principio, según lo que han dicho, hará el PP. 

El pasado 31 de mayo el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, anunció que solicitaría un informe al Consejo Consultivo de la región sobre esta ley para si es posible recurrirla ante al Constitucional porque la considera "una agresión al concepto de igualdad".

¿A quién beneficia?

El objetivo de esta norma es amnistiar a todos los implicados en movilizaciones soberanistas e independentistas desde el 1 de noviembre de 2011. Incluiría tanto a los condenados por la consulta del 9 de noviembre de 2014 como los del referéndum independentista de 2017, así como el archivo de las investigaciones abiertas por los disturbios posteriores contra la sentencia del Tribunal Supremo.

Según el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, la norma ampara a 372 personas, entre las que se incluyen dirigentes de Junts y ERC, a los 12 CDR procesados y a los investigados por 'Tsunami Democràtic', entre otros.

El momento de su publicación

La publicación de la Ley de Amnistía en el BOE coincide con los últimos movimientos en el Parlament de Cataluña. Con la elección como Presidente de Josep Rull después de un pacto de mínimos entre el partido de Puigdemont y ERC. Precisamente las defensas jurídicas de los 37 encausados de ERC por el 'procés', incluido Oriol Junqueras, no han perdido ni un solo minuto y han presentado este martes por la mañana sus peticiones formales para reclamar que se les aplique la Ley de Amnistía.

Primeros efectos

Por otro lado, cargos del PP han salido en tromba contra el Gobierno de Pedro Sánchez a cuenta de esta norma. Aseguran que se trata de "la página más negra del sanchismo". Según añaden, el jefe del Ejecutivo "ha pagado el alquiler de seis meses en Moncloa" con "los derechos de todos los españoles".

En plena campaña electoral de las europeas el líder del principal partido de la oposición, el 'popular' Alberto Núñez acusó al presidente del Gobierno de retrasar la publicación en el BOE de la amnistía por "miedo a los efectos" de una ley "ilegal". El BOE no la ha publicado hasta casi dos semanas después de su aprobación en la Cámara Baja y 34 horas después de conocerse los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo.

 La Sala que juzgó la causa del procés y la instructora del ‘caso Tsunami Democratic’ también piden informe a las partes

Llarena ha dictado una providencia en la que da un plazo de 5 días a las partes para que informen sobre la aplicabilidad o inaplicabilidad de la Ley de Amnistía a los distintos hechos que se atribuyen a los encausados Carles Puigdemont, Antoni Comín, Lluis Puig y Marta Rovira, y sobre la pertinencia de mantener o modificar las medidas cautelares acordadas contra ellos.

En la misma resolución, el juez ordena que se comunique a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad que “continúan vigentes y activas las órdenes nacionales de detención” de los cuatro procesados citados, adoptadas en auto de enero de 2023, “por lo que deben proceder a su cumplimiento mientras esas decisiones no sean judicialmente modificadas o revocadas”.

La entrada en vigor de la amnistía ha provocado que diversos tribunales pregunten a las partes sobre cómo afecta la norma a los distintos procedimientos, si bien el Tribunal de Cuentas ha ido más allá y ha pedido informes sobre si procede consultar al TJUE una serie de artículos de la ley.

El periplo de la norma

Recoge la norma que el Congreso respaldó en el Pleno del pasado 30 de mayo con mayoría absoluta, levantando el veto del Senado y dando luz verde definitiva a su aprobación tras varios meses de tramitación y negociaciones entre el Ejecutivo y las formaciones independentistas.

La medida nació de los pactos del PSOE con ERC y Junts a cambio de su apoyo a la investidura de Sánchez. 

La proposición de ley registrada en solitario por el Grupo Socialista el 13 de noviembre del año pasado y tramitada por el procedimiento de urgencia, no ha visto la luz hasta más de seis meses después, después de que el 30 de mayo reuniera el apoyo de 177 diputados del PSOE, Sumar, Podemos, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y el exministro José Luis Ábalos, frente a los 172 en contra del PP, Vox, Coalición Canaria y UPN.