Claves de la ley que estabilizará a 67.300 profesionales de la sanidad

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el nuevo Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, que tiene como objetivo impedir que los sanitarios puedan estar trabajando más de tres años con contrato de interinidad sin ser funcionario y, así, estabilizar el empleo de hasta 67.300 profesionales en España.

"Vamos a llevar a cabo uno de los procesos de estabilización más grandes de la historia del Sistema Nacional de Salud (SNS), actuando sobre los profesionales que se encuentran en interinidad", ha comentado la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en rueda de prensa.

Por su parte, la ministra de Política Territorial y portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, ha resaltado que es una reforma que "debíamos al personal sanitario en nuestro país". "Les vamos a dar estabilidad en todos los niveles", ha apuntado, a lo que ha añadido que se va a conseguir un empleo de "mayor calidad".

Esta nueva Ley sanitaria establece que, transcurridos tres años desde el nombramiento de un sanitario interino, esta vacante "solo podrá ser ocupada por personal fijo". Además, también intenta fijar límites a la contratación de interinos, restringiéndolo solo a "razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia".

La medida se enmarca dentro de la reforma para la reducción de la temporalidad en el empleo público. En concreto, el objetivo del Ejecutivo de Pedro Sánchez es situar la tasa de temporalidad estructural por debajo del 8 por ciento en el conjunto de las Administraciones Públicas españolas.

Todas las claves de la ley

Negociada hasta el último momento con los sindicatos y consensuada hace dos semanas con las comunidades en el Consejo Interterritorial, el Ejecutivo confía, en palabras de su jefe, Pedro Sánchez, en dar "respuesta a la temporalidad que ha existido durante décadas" en este sector gracias a "la mayor estabilización de los profesionales sanitarios de la historia del Sistema Nacional de Salud".

Reducción del empleo temporal

El borrador de real decreto, al que ha tenido acceso Efe, aborda exclusivamente la reducción del empleo temporal, de forma que deja para una posterior revisión otras demandas sindicales destinadas a garantizar la cobertura de plazas en determinadas zonas geográficas no suficientemente atendidas.

La nueva normativa modifica el artículo 9 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, eliminando el concepto "eventual", aunque las comunidades podrán seguir contratando temporales "por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia" en algunos supuestos.

En concreto, cuando exista una vacante que no pueda ser cubierta por personal fijo durante un máximo de tres años. Transcurrido ese periodo la plaza solo podrá ser ocupada por personal fijo.

También para la ejecución de programas de carácter temporal por un periodo no superior a tres años o por "exceso o acumulación de tareas; en este último supuesto, el plazo máximo será de nueve meses dentro de un período de dieciocho.

Si fuera necesario hacer nuevos nombramientos, "se tramitará la creación de una plaza estructural en la plantilla del centro"; si no se crea, "no podrá hacerse un nuevo nombramiento por la misma causa en un periodo de dos años".

La falta de personal crónica y años de sucesivos recortes complicaban especialmente el periodo estivo como el que acaba de empezar; la nueva normativa crea el artículo 9 bis que regula la figura del personal sustituto para atender las funciones de personal fijo o temporal en vacaciones, permisos, dispensas y otras ausencias que comporten la reserva de plaza.

Además, estos contratos servirán para una sustitución parcial vinculada a la cobertura de exención de guardias, por razón de edad, o enfermedad, "pudiendo sustituir hasta dos personas" siempre que no sea posible con la plantilla disponible y "respetando los límites legales de la jornada".

Por último, los sustitutos complementarán la jornada de personal estatuario que se la haya reducido.

Descontento en algunas comunidades autónomas

Comunidades como Madrid o Castilla y León han acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de apropiarse del trabajo de las autonomías y de un "mandato europeo", en su decisión de hacer fijos a 67.300 sanitarios, mientras que Cataluña habla de "un anuncio más" y el País Vasco y Galicia reclaman más plantillas en Atención Primaria.

En este aspecto ha incidido el consejero madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, quien ha recordado que la estabilización del personal sanitario "responde a un mandato europeo", del que "salió la ley 20/2021" y son las comunidades las que han negociado esas plazas, con las que Madrid pretende pasar del actual 55 % de personal fijo al 83 % en 2024.

Opinión que comparte otro ejecutivo regional popular, el de Castilla y León, cuyo portavoz, Carlos Fernández Carriedo, ha lamentado que las comunidades solucionen los problemas "como las vacunaciones o la atención diaria", sin tener mucho apoyo del Gobierno para estos retos, "a pesar a que intenta apropiarse de ese trabajo".

Desde Cataluña, el conseller de Salud, Josep Maria Argimon, cree que esta reforma es de momento "un anuncio más" de Sánchez que asegura haber conocido por los medios de comunicación.

Además, Euskadi y Galicia han enviado al Ministerio de Sanidad un manifiesto conjunto en el que reclaman medidas de choque urgentes para incorporar a más médicos de Atención Primaria a los sistemas de salud de todas las comunidades autónomas.

Sindicatos afean que la nueva ley no acabe con escasez de personal sanitario

Varios sindicatos han celebrado la nueva ley pero han criticado que no resolverá el problema de escasez de personal y de camas que, un año más, agravará especialmente la situación en verano.

Fernando Hontangas, responsable de Sanidad de la CSIC, ha recordado además que el anuncio hecho por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no es más que el cumplimiento de la ley que aprobó a finales del año pasado para reducir la temporalidad en el sector público por debajo del 8 % antes de 2025, que incluyó en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.