Asociaciones judiciales piden la dimisión de Catalá

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Sara Santos Beato
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Siete asociaciones de jueces y fiscales han pedido la dimisión del ministro de Justicia, Rafael Catalá, por apuntar que el juez de la Audiencia Provincial de Navarra que dictó el voto particular en el caso de 'La Manada', Ricardo González, tiene algún "problema singular" y que "todos lo saben".

Las asociación Profesional de la Magistratura (AMP), Jueces y Juezas por la Democracia, Foro Judicial Independiente y Francisco de Vitoria junto con la Asociación de Fiscales, Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales firman un comunicado conjunto en el que reprochan al titular de Justicia que con sus manifestaciones esta mañana ha sembrado públicamente dudas sobre la capacidad y condición del magistrado.

Los firmantes destacan que "el respeto a la independencia judicial es esencial para garantizar la paz social, la convivencia democrática y el respeto a los derechos fundamentales, siendo esta obligación especialmente predicable de los otros dos poderes del Estado".

Podemos y Cs piden dimisión

La portavoz adjunta de Unidos Podemos en el Congreso, Ione Belarra, también ha pedido la dimisión del ministro de Justicia, al considerar que se ha "inmiscuido en el poder judicial". En este sentido, la dirigente ha señalado que en lugar de opinar sobre la actuación del juez, lo que debería hacer Catalá es "recoger el mandato" que han dado miles de mujeres en las protestas que se ha producido en toda España a raíz de la sentencia, y llevarlo al Ministerio y al Congreso en forma de leyes o medidas.

El ministro Catalá, en vez de recoger el mandato que miles de mujeres han dado estos días en la calle exigiendo justicia, ha elegido inmiscuirse una vez más en el poder judicial.

José Manuel Villegas, secretario general de Ciudadanos, ha arremetido contra el ministro de Justicia y le ha avisado de que hace "un flaco favor" a la separación de poderes con sus palabras. Según Villegas, no es la primera vez que el ministro hace declaraciones con las que "demuestra poco respeto por la separación de poderes" y, de hecho, ha recordado que ha sido reprobado en el Congreso precisamente por esa actitud.

PSOE respalda a Catalá

Por el contrario, el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha respaldado hoy al ministro Rafael Catalá en sus afirmaciones sobre que el Consejo General del Poder Judicial debería haber actuado contra el juez Ricardo Javier González.

"No podemos estar más que de acuerdo, porque si el ministro habla así es porque se le supone mucho conocimiento de causa y si no ha ido más allá de la información que tiene, quizás sea por la prudencia necesaria", ha dicho Ábalos. Además, ha señalado que no cree que Catalá haya ido demasiado lejos en este caso, porque "la situación exige estar a la altura de los tiempos, de las necesidades y de la alarma social que se ha creado".

Juezas ven necesaria una revisión

Por otra parte, la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE) considera necesario revisar el modo en que se investigan y juzgan los delitos relacionados con la libertad sexual. Para el colectivo de juezas, la interpretación de la Audiencia de Navarra que condenó a los acusados por abusos sexuales y no por violación al excluir la existencia de intimidación, es la que ha ocasionado "desconcierto" y un "importante rechazo social". Y ello, añade AMJE, "abre una brecha entre la percepción social de este tipo de delitos y su interpretación jurídica".

En su opinión, la causa de esta quiebra se encuentra en la pervivencia de ciertos estereotipos ligados al género que, igual que afectan a la sociedad, también atraviesan la forma en que se aplican las normas jurídicas. "Se impone la integración de la perspectiva de género como antídoto y prevención frente a formas de actuar e ideas preconcebidas que ponen el foco y enjuician con mayor intensidad el comportamiento y actitudes de la víctima que la de los propios autores", defienden las juezas.

Abogan, no obstante, porque la confianza en la Justicia se construya tanto desde el respeto a las resoluciones como desde la crítica legítima.

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