Aguirre y Cifuentes imputadas en la Púnica por la financiación del PP madrileño

El juez imputa a Esperanza Aguirre y a Cristina Cifuentes por presunto delito electoral, falsedad de cuentas, prevaricación y tráfico de influencias. Todo en el marco de la trama Púnica y de la financiación ilegal del Partido Popular en la Comunidad de Madrid.

El juez del caso Púnica, Manuel García Castellón, ha citado como investigadas en octubre a las expresidentas madrileñas Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes por la pieza sobre la presunta financiación ilegal del PP de Madrid, así como a Ignacio González y varios exconsejeros madrileños.

En una providencia, a la que ha tenido acceso Efe, el juez ha citado a decenas de personas como testigos e imputados por esta pieza de Púnica entre el 9 de septiembre y el 19 de octubre aceptando así las peticiones que le había hecho la Fiscalía Anticorrupción.

Concretamente, ha emplazado a Cifuentes el día 1 de octubre y a Aguirre el día 18 del mismo mes para que comparezcan en la Audiencia Nacional en calidad de investigadas.

Cita a otros nuevos imputados en esta pieza como el también expresidente regional Ignacio González (citado el 17), los exconsejeros madrileños Juan José Güemes y Manuel Lamela (el día 14) y Borja Sarasola (el día 1 junto con Cifuentes).

En la pieza número 9 se investiga la posible financiación irregular de campañas del PP madrileño con dinero de empresas que resultaban adjudicatarias de contratos públicos como Indra (imputada también junto a su expresidente Javier Monzón y que tendrán que declarar el día 4) o mediante la fundación Fundescam, entre otros mecanismos.

"Papel decisivo y esencial" de Aguirre

El juez del caso Púnica, Manuel García Castellón, atribuye a la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre "un papel decisivo y esencial" en la presunta financiación irregular del PP de Madrid, hasta el punto que sospecha que fue quien "ideó la búsqueda de recursos" para costear las campañas que ella elegía.

Según el auto de imputación de Aguirre al que ha tenido acceso Efe, el PP de Madrid financió "de forma opaca y fraudulenta" las campañas electorales autonómicas del 2007 y 2011 y las generales de 2008 "ocultando" el "verdadero coste" de las mismas y su financiación, "eludiendo de forma continuada y bajo un mismo patrón de actuación" las obligaciones de la Ley Electoral.

"La investigación arroja indicios racionales de que (Esperanza Aguirre) sería quien ideó la búsqueda de recursos que financiaran las campañas que ella misma seleccionaba, y la supervisora última de las sinergias entre sus consejeros de confianza, que impulsó con dicha finalidad", indica el magistrado de la Audiencia Nacional.

Además de a Aguirre, el juez también atribuye "un papel decisivo y esencial" en la toma de decisiones sobre la financiación del partido a los que fueran sus más estrechos colaboradores, el expresidente madrileño Ignacio González y el exconsejero Francisco Granados, además de al exgerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez. Los tres también figuran como imputados en el caso.

Cristina Cifuentes, imputada por beneficiar al empresario Arturo Fernández

El juez del caso Púnica, Manuel García Castellón, ha imputado a la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes por beneficiar al empresario Arturo Fernández mediante el amaño de la adjudicación de contratos de cafetería de la Asamblea de Madrid a cambio de sus aportaciones a las arcas del PP de Madrid.

El juez, en un auto al que ha tenido acceso Efe, sostiene que uno de los métodos utilizados por el PP de la Comunidad de Madrid para obtener financiación de forma irregular fue el uso de la Fundación Fundescam para canalizar las donaciones que realizaron determinados empresarios y la Confederación de Empresarios Madrileños (CEIM).

Arturo Fernández, vicepresidente de CEIM y presidente del Grupo Cantoblanco, habría realizado dos donaciones de 160.000 euros en 2007, año en el que Cifuentes era patrona de Fundescam y también miembro del comité regional de campaña del PP, para costear "de manera encubierta gastos electorales".

El juez, como hizo en su momento la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, cree que esas donaciones se gratificaron posteriormente mediante la adjudicación desde la Asamblea de Madrid a sus empresas de contratos de restauración en los años 2009, 2011 y 2013.

En el año 2009 y 2011, expone el magistrado en su auto, hay evidencias de "conciertos dirigidos a beneficiar" a Arturo Fernández "amañando la adjudicación" de esos contratos.

Cifuentes, como presidenta de la mesa de contratación, votó a favor de un informe técnico que ella misma había emitido, lo que contraviene la Ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.

Dos años después, el supuesto cabecilla de la Púnica, Francisco Granados, y el gerente del PP de Madrid, Beltrán Gutiérrez, junto a otros cargos del PP, incluida Cifuentes, utilizaron el mismo método y estrategia para volver a adjudicar el contrato al mismo empresario.

EFE