Juzgan al exdirector de un banco de un pueblo de Toledo por apropiación indebida de más de 1,7 millones de euros

El exdirector de una sucursal bancaria del municipio de Las Herencias, en Toledo, será juzgado por la Audiencia Provincial de Toledo por apropiación indebida de más de 1,7 millones de euros de 37 de sus clientes. Los hechos tuvieron lugar entre los años 2000 y 2013. 

El acusado se habría aprovechado de la confianza que habían depositado en él los vecinos del municipio, como director de la ahora extinta sucursal de Caja Castilla-La Mancha, para obtener un beneficio patrimonial ilícito apropiándose de los fondos de sus clientes sin su autorización. 

La Fiscalía mantiene que el procesado recogía la firma de los clientes en documentos en blanco que después servían como soporte documental interno para la disposición de efectivo en las cuentas, así como que disponía directamente de los fondos sin entregar ningún tipo de documento justificativo y que se quedaba con los ingresos en efectivo que los clientes le hacían.

El acusado entregaba libretas falsificadas e impresos manipulados

Asimismo, indica que, cuando los clientes solicitaban confirmación de saldos, actualizaciones de libretas, o justificantes de operaciones, el acusado les entregaba libretas cumplimentadas a máquina de escribir, así como impresos manipulados con sello y firma de la entidad bancaria. 

El acusado realizaba las operaciones desde su puesto de director de la sucursal bancaria, tanto de forma indirecta, usando las claves de otros compañeros cuando estos no estaban presentes, como de forma directa, mediante órdenes a empleados subordinados. 

En total, el acusado se apropió del dinero de 37 clientes, 29 de ellos a través de disposiciones indebidas por importe de 1.066.305 euros y de otros cinco en seis operaciones de activo con cancelación registral, pero no económica, con las que se hizo con 694.197,55 euros. 

Además, a este dinero se suman otros 6.192,42 euros de descubiertos en las cuentas de otros tres clientes, que utilizó para el cargo de recibos correspondientes a otros clientes, lo que provocó que presentasen descubiertos no justificados.

El fiscal considera al procesado autor de un delito continuado de apropiación indebida mediante falsificación de documentos mercantiles, y de un concurso continuado de estafa, por lo que se pide que sea condenado a una pena de seis años de prisión. 

Agencias.