TRIBUNALES

Visto para sentencia el juicio a los activistas que se encerraron en un banco de Cabanillas para evitar un desahucio

La Fiscalía y acusación particular han rebajado las penas a 10 meses de cárcel y una multa de 600 euros por desobediencia y allanamiento

Imagen de los ocho procesados que podrían enfrentarse a penas de cárcel y multas de "niles de euros"

Imagen de los ocho procesados que podrían enfrentarse a penas de cárcel y multas de "niles de euros"@AmnistiaCLM T

Susana Palomo Gómez
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Concentración ante los juzgados en apoyo a las ocho personas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Guadalajara procesadas por encerrarse durante unas horas en una entidad bancaria de Cabanillas del Campo (Guadalajara) para protestar contra un desahucio. 

Los activistas se han quedado a las puertas de los juzgados pero no se han presentado ante la jueza. Se declaran insumisos. El juicio ha quedado visto para sentencia porque aunque no se han presentado al juicio, sí lo han hecho sus abogados.

A los ocho imputados se les juzgaba por los delitos de resistencia a la autoridad, desobediencia, coacciones y desórdenes públicos tras encerrarse durante unas horas en una sucursal financiera de Cabanillas del Campo (Guadalajara) para evitar el desahucio de 20 familias con menores. Los activistas fueron detenidos pese a que la protesta fue pacífica.

Los activistas aseguran que  “es un juicio político y por eso hemos decidido no acudir y asumimos todas las consecuencias”, ha señalado uno de los procesados.

Están acusados por Caixabank por participar en una negociación de una madre de familia que acudió a una sucursal de esta entidad en Cabanillas del Campo para evitar el desahucio.  

Los hechos se remontan al 5 de diciembre de 2017 cuando estos activistas se presentaron en la oficina bancaria. 

Multa y penas de prisión

Por estos hechos la Fiscalía pedía diez meses de prisión aunque la acusación particular, ejercida por Caixabank, pedía tres años y medio de cárcel. La entidad ha rebajado su petición de penas para que el juicio pudiera celebrarse pero ha rebajado la pena y se une la Fiscalía que pide 10 meses de cárcel y una multa de 600 euros, por desobediencia y allanamiento.

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