TRIBUNALES
El Ayuntamiento de Toledo estudia cómo subir la factura del agua para cumplir una sentencia
Están analizando con las empresas y entidades el cumplimiento del auto judicial que obligaba a revisar al alza el coste del agua con carácter quinquenal
El Ayuntamiento de Toledo está estudiando como aplicar el aumento de la factura del agua tras los fallos judiciales que obligan a revisar al alza el coste del agua en la ciudad, incremento que debía haberse realizado con carácter quinquenal.
La concejala de Obras, Servicios y Parques y Jardines del Ayuntamiento de Toledo, Loreto Molina, ha explicado que fue el equipo de Gobierno anterior de Milagros Tolón lo que no ejecutaron la sentencia "que es del mes de enero. No se hizo nada desde enero a esta parte y ahora, en septiembre, hemos recibido un auto en el cual se nos obliga a llevarla a cabo obligatoriamente".
"Estamos viendo cómo encajamos esa revisión del estado de las facturas", ha insistido Molina pero no ha sabido detallar a qué cantidad asciende ese incremento. "Todavía estamos trabajando con Tagus. En el momento que lo tengamos, obviamente lo daremos a conocer", ha añadido.
Lo que dice el auto judicial
Ha sido el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Toledo el que ha condenado al Consistorio toledano a revisar al alza el precio del agua en "el plazo improrrogable de diez días" por no haber ejecutado un acuerdo de la Junta de Gobierno Local de agosto de 2018.
En el auto, con fecha de 4 de septiembre de 2023 y al que ha tenido acceso EFE, el juzgado condena al Consistorio a la ejecución forzosa de dicho acuerdo de Junta de Gobierno y alerta de que en caso de incumplimiento, la Administración local se puede enfrentar a multas coercitivas que pueden ir desde los 150 a los 1.500 euros, "sin perjuicio de otras responsabilidades penales a que hubiere lugar".
Este auto es consecuencia de una sentencia que, en este mismo sentido, dictó este mismo juzgado en el 17 de enero de 2023, que era firme y contra la que no cabía recurso.
Los hechos se remontan a 2006, cuando el Ayuntamiento de Toledo firmó un contrato de concesión del servicio de abastecimiento de agua a la empresa Tagus, y después de que la empresa pusiera de manifiesto el desequilibrio económico financiero que sufría la concesión, el Ayuntamiento de Toledo acordó en 2014 que se realizaría una revisión de precios de forma quinquenal.
Así, en la Junta de Gobierno Local del 2 de agosto de 2018 se aprobó que la próxima revisión de tarifas sería en 2019, para el periodo de aplicación 2020-2024, si bien el Consistorio toledano no llevó a cabo dicha revisión de precios.
Ante esta situación, la empresa Tagus interpuso en 2021 un recurso contencioso-administrativo para que se ejecutara el acuerdo de la Junta de Gobierno Local, que derivó en la sentencia de enero de 2023.
El PSOE asegura que el auto habla de "revisión de precios al alta o a la baja"
Por su parte, el PSOE ha aseverado que el contrato del agua no es de la etapa anterior del Gobierno socialista sino del alcalde del PP José Manuel Molina "y la decisión de subir el recibo del agua será exclusivamente del actual alcalde Carlos Velázquez".
La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Toledo, Noelia de la Cruz, ha aclarado que el auto del juzgado habla de una "revisión de precios al alta o a la baja".
De la Cruz ha recordado que el contrato del Servicio de Abastecimiento de Agua fue rubricado por el Gobierno del PP, que recibió de la concesionaria 36 millones de euros "que han tenido que pagar los toledanos".
Además, ha recordado que la privatización del abastecimiento de agua la aprobó el PP con un contrato "que fue nefasto y pese a ello el PSOE mantuvo unos precios razonables".
La Federación de Empresarios de Toledo (Fedeto) ha aprovechado la sentencia que obliga al Ayuntamiento de Toledo a revisar las tarifas del agua para censurar que una ciudad como Toledo siga sin un Plan de Ordenación Municipal (POM) y se rija por uno que data del año 1986.
Centrándose en la sentencia, el secretario de Fedeto, Manuel Madruga ha asegurado que la de agua es una de las tasas que los empresarios tienen que pagar y que más les "duele" porque, además, no consiguen nunca que, por ejemplo, en el sector de la hostelería la califiquen como industrial, algo que haría que el precio fuera "más bajo".
Sin haber visto la sentencia, el 'número dos' de Fedeto ha afirmado que "los acuerdos que se adoptaron con la empresa del agua estaban para que Toledo fuera una ciudad que estuviera en torno a los 100.000 o 120.000 habitantes" y sin embargo "no conseguimos crecer bajo ningún concepto".