La Plataforma Stop Macrogranjas satisfecha con la moratoria, pero pide que tenga efecto retroactivo
La plataforma Stop Macrogranjas de Castilla-La Mancha califica de paso "importantísimo" la moratoria a la ganadería industrial anunciada por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page.
Las organizaciones que la componen están satisfechas pero con matices. Exigen que la moratoria tenga efectos retroactivos y evite que se aprueben los proyectos que ya están presentados porque afectarían gravemente a los pueblos y comarcas donde están previstos.
Además, quieren que se les tenga en cuenta para redactar la norma relativa a esta moratoria, que tendría rango de ley y que fijará una moratoria para la instalación de macrogranjas en la región, “de ahora en adelante” y “sin un tiempo definido”, mientras se aborda un “debate sereno” sobre la nueva regulación, avanzó García-Page.
Consumo respalda la iniciativa
El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha mostrado este miércoles su respaldo a la iniciativa del Gobierno regional que aprobar una moratoria para la instalación de nuevas granjas de ganadería intensiva, pues ha subrayado que su Departamento es partidario de la ganadería extensiva, que genera puestos de trabajo, fija población en el territorio y es respetuosa con el medio ambiente.
En este sentido, ha advertido de que la ganadería intensiva o las macrogranjas son "un sistema que no es sostenible ecológicamente", porque "contamina los suelos, el agua y no genera empleo" y por ello ha defendido la necesidad de sustituir este modelo por otro de ganadería extensiva, "social, familiar, que sí es respetuosa con el medio ambiente" y que además, genera puestos de trabajo, protege las relaciones locales, arraiga la población al territorio, al tiempo que protege al medio ambiente de fenómenos como los incendios forestales.
La organización agraria Asaja de Albacete y de Cuenca han mostrado su "total rechazo" a la decisión del Gobierno de Castilla-La Mancha de elaborar una normativa con rango de ley que fijará una moratoria para la instalación de macrogranjas.
En una nota de prensa, califica esta decisión como "un nuevo ataque al sector primario y al desarrollo del mundo rural en Castilla-La Mancha".