El pacto por la reconstrucción de CLM contempla más de 1.000 millones de euros en medidas

El Gobierno de Castilla-La Mancha, PSOE y Ciudadanos han acordado un paquete de medidas para la inversión de más de 1.000 millones de euros en los próximos años para la reconstrucción social y económica de la región ante la pandemia de la Covid-19 dentro del pacto por la reconstrucción de Castilla-La Mancha.

En una nota conjunta de PSOE y Cs, los partidos han explicado que se trata de un documento que es un "texto flexible y abierto a más incorporaciones en el futuro", tanto para adaptarse a nuevas realidades como para incorporar propuestas de otros partidos y colectivos.

Llamada al diálogo al PP

Los participantes en el acuerdo han hecho un llamamiento al PP de Castilla-La Mancha para que se incorpore, lo antes posible, a un diálogo "serio y constructivo".

Además, han precisado que el acuerdo incluirá un anexo presupuestario por partidas, así como un calendario de puesta en marcha del pacto en tres meses desde su firma.

En las negociaciones del Acuerdo por la Reconstrucción Social y Económica de Castilla-La Mancha, han participado por parte del Gobierno regional, el vicepresidente de la Junta, José Luis Martínez Guijarro; por parte del PSOE castellanomanchego, el secretario de Organización del partido, Sergio Gutiérrez, y el presidente del grupo socialista, Fernando Mora; y por parte de Ciudadanos, la portavoz regional, Carmen Picazo, y el presidente del grupo en las Cortes, Alejandro Ruiz.

En total, se han mantenido doce reuniones, a las que se ha sumado un "constante intercambio de conversaciones" entre las partes.

Medidas acordadas

Entre las medidas que ya se han dado a conocer hasta el momento se incluye el incremento de 25 a 40 millones de euros de las ayudas a autónomos del Gobierno de Castilla-La Mancha dirigidas a afectados por la crisis del coronavirus y la publicación en el Portal de Transparencia de información sobre el gasto realizado durante la pandemia, así como de las donaciones recibidas, y de las necesidades existentes para contener un posible futuro rebrote de la epidemia.

También se ha acordado que se presente, en la primera quincena de julio, la Ley de Reserva Estratégica de Material de Protección Sanitario, con el objetivo de que se creen reservas de material sanitario básico en hospitales, centros sanitarios y centros sociosanitarios, para tener acopio de material de protección suficiente para soportar momentos de tensión antes del otoño.

Han acordado también promover e incentivar la creación de un sector regional de fabricación de materiales de promoción cuyos productos compraría preferentemente el Sescam. para no depender de terceros países y crear empleos en Castilla-La Mancha, fijando población.

También han acordado blindar 640 millones de euros para inversión en infraestructuras sanitarias esta legislatura con el objetivo de no paralizar ninguna obra prevista, así como la creación de un protocolo de actuación ante posibles rebrotes, además de dotar a los profesionales de un catálogo de pruebas diagnósticas que contemple pruebas de detección de la COVID-19.

Se reforzará, asimismo, el sistema de becas estableciendo coberturas adicionales para aquellos estudiantes que se hayan visto afectados por la epidemia de la COVID-19, tanto por la pérdida de un familiar, como por la pérdida del puesto de trabajo o cierre del negocio de al menos uno de los progenitores.

En el ámbito educativo también se ha acordado impulsar un plan de refuerzo en los cursos 2020/2021 y 2021/2022, ampliar el programa de cooperación territorial de 5º y 6º de Primaria y ESO al resto de niveles de Primaria y Bachillerato, y dotar de más recursos al alumnado de inclusión educativa.

En Bienestar Social, se realizará un plan de diagnóstico y auditoría de la situación de los centros de mayores con el fin de mejorar el modelo actual, reforzando los protocolos y adecuándolos a las experiencias vividas con la Covid-19, se reforzará la medicalización de las residencias y se elaborará un plan de seguimiento e inspección de todas las residencias.

Además, se ha acordado incluir la obligatoriedad de incorporar en las residencias, de gestión tanto pública como privada, que todas las personas que trabajen en ellas tengan la formación especializada en la atención de mayores y personas con discapacidad.

Por otro lado, se ha decidido la revisión de todas las ayudas sociales autonómicas para valorar su fusión y ponerlas en relación con las prestaciones y subsidios estatales -especialmente el Ingreso Mínimo Vital que ha aprobado este viernes el Consejo de Ministros-, de modo que no haya solapamientos y se complementen para dar una mayor y mejor cobertura, tanto en términos cuantitativos como cualitativos, así como, valorar el horizonte temporal de estas medidas extraordinarias.

También se ha acordado desarrollar completamente el Registro Único de Prestaciones Sociales para poder gestionar de forma coordinada, integral y coherente todas las prestaciones de los Servicios Sociales a lo largo del tiempo y poder llegar a tener la Historia Social Única de cada persona.

Asimismo, se ha acordado impulsar y reforzar los planes de empleo para adaptarlos a la situación causada por la pandemia, con el objetivo de que los programas se reorienten a incluir a las personas en reciente desempleo.

Se ha decidido, asimismo, reforzar las ayudas para que las empresas con trabajadores en ERTE vuelvan a contratar a los empleados afectados después de la crisis del coronavirus e introducir en los planes de empleo acciones orientadas a aumentar la empleabilidad de sus participantes, como actividades que permitan que las personas participantes puedan aportar valor a acciones de contención de un posible rebrote, tales como labores de protección civil, asistencia a personas necesitadas en centros residenciales o en domicilios, fabricación de material de protección y logística para su reparto y, en la medida de lo posible, atención a personas con síntomas leves.

En materia de fiscalidad, se ha adoptado el compromiso de no aplicar ninguna subida de impuestos.

EFE