Penas de multa para los ocho activistas de la PAH que protestaron en una oficina de Caixabank

El Juzgado de lo Penal 1 de Guadalajara ha condenado a los ocho activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) a una pena de multa de 900 euros por un delito de desobediencia, por una protesta pacífica en una sucursal de Caixabank para evitar un desahucio.

Fue el pasado día 10 de febrero cuando tuvo lugar el juicio contra los activistas de Guadalajara por su acción de protesta de diciembre de 2017 en una sucursal de Caixabank, en Cabanillas del Campo. El juicio se celebró más de 7 años después de sucedidos los hechos.

Según informa en nota de prensa Amnistía Internacional Castilla-La Mancha, el pasado 13 de febrero de 2025 se dictaminó la sentencia que condena a los ochos activistas de la PAH a una multa de 900 euros (6 meses de multa a razón de 5 euros diarios), que puede conllevar prisión en caso de impago.

Fue el 5 de diciembre de 201 cuando miembros de la PAH Guadalajara accedieron a una sucursal de Caixabank para intentar negociar con la entidad bancaria la suspensión de un desahucio que estaba previsto para unas semanas después. La vivienda, vacía, situada en Cabanillas del Campo, había sido ocupada por una mujer y sus dos hijas pequeñas en situación de vulnerabilidad.

Acusados de desobediencia grave

La sentencia no atribuye a ningún activista acciones violentas o intimidatorias, si no que les condena por haber desobedecido reiteradamente a los agentes de la Guardia Civil, quienes volvieron a reconocer en el juicio -como ya hicieron en fase de instrucción- que la conducta de los y las activistas fue en todo momento pacífica.

Amnistía Internacional, que asistió como observadora al juicio, puso de manifiesto que la protesta desarrollada por los activistas fue pacífica en todo momento, por lo que reitera que el castigo penal hubiera supuesto "una restricción desproporcionada a los derechos a la libertad de reunión pacífica y de expresión".

En cuanto al lugar donde se desarrolló la acción de protesta, la sentencia considera que una sucursal no era un lugar de negociación legítima. 

Por último, debido a que han transcurrido algo más de siete años desde la acción de protesta, Amnistía expresa su preocupación por el hecho de que estos activistas "hayan enfrentado durante tantos años un proceso penal, con acusaciones graves de casi 4 años de prisión, que ha constituido una vulneración de sus derechos a la libertad de reunión pacífica y de expresión, que ha impactado negativamente en sus vidas personales y genera un efecto disuasorio en el ejercicio de derechos humanos", denuncia la organización.