Trasvase Tajo - Segura
El nuevo pulso del Levante al gobierno por el Trasvase Tajo - Segura
El caudal ecológico del Tajo genera divisiones entre los regantes, el gobierno y las CC.AA
El Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, Scrats, ha convocado una concentración en Madrid el próximo miércoles 11 de enero, ante el Ministerio de Transición Ecológica. El objetivo es defender el trasvase Tajo-Segura tras la subida del caudal ecológico del Tajo, que aún tiene que ser aprobada por el Consejo de Ministros
Según el sindicato, este aumento del caudal ecológico supondrá la pérdida de 27.314 hectáreas de regadío en Alicante, Murcia y Almería y la pérdida de más de 8.000 empleos en el Levante.
La Comunidad Valenciana y Murcia presentarán alegaciones
Un llamamiento que coincide con las declaraciones del presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig que ha asegurado que presentará alegaciones ante el Consejo de Estado en defensa del trasvase Tajo-Segura para apoyar a los regantes alicantinos.
Puig ha enviado un escrito a la presidenta del Consejo de Estado, Magdalena Valerio, en el que le pide que conceda audiencia a la Comunitat Valenciana para conocer de primera mano la redacción final que ha llegado a ese órgano consultivo sobre el proyecto de real decreto de diversos planes hidrológicos, entre ellos el que afecta al trasvase Tajo-Segura, y poder así presentar las alegaciones que se consideren necesarias.
Rechazan posibles cambios en el Real Decreto
Desde la Generalitat valenciana insisten en que el proyecto normativo que fue aprobado por el Consejo Nacional del Agua el pasado 29 de noviembre incluía una disposición adicional novena esencial para garantizar el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura. Por eso recalcan que cualquier modificación o supresión de la misma en el último borrador del decreto, que ya está en manos del Consejo de Estado, será rechazado por el ejecutivo valenciano.
Puig reivindica que el acuerdo que se alcanzó en ese Consejo Nacional del Agua era "razonable", porque simplemente exigían que en 2025 se pudiera actualizar la decisión sobre el trasvase en función del estado del Tajo. Por eso ahora pide que el Consejo de Estado emita algún dictamen antes de que el proyecto de Real Decreto pase al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva.
Murcia presenta alegaciones técnicas
Por su parte, el gobierno de Murcia ha solicitado al Consejo de Estado que emita un informe desfavorable sobre el proyecto que revisa los planes hidrológicos por los "defectos" en su tramitación y su "incompatibilidad" con la ejecución del Plan Hidrológico del Segura.
Según el presidente Fernando López Miras "No hay motivos para acabar con el trasvase Tajo-Segura". Insiste en que "ningún informe avala que un recorte en el agua trasvasada va a suponer un beneficio ecológico en el río Tajo". López Miras además, asistirá a la concentración de los regantes el próximo miércoles 11 de enero en Madrid.
El gobierno responde que el caudal ecológico del Tajo es una exigencia de Europa
Tras las muestras de descontento de los regantes del Levante y los presidentes de Murcia y la Comunidad Valenciana, la portavoz del gobierno de España, Isabel Rodríguez, ha recordado que la creación de caudales ecológicos en los planes hidrológicos, como el del Tajo, responde a la obligación que tiene el ejecutivo de cumplir varias sentencias de la Unión Europea y del Tribunal Supremo. Rodríguez ha insistido en que el caudal del Tajo se hará de forma gradual y teniendo en cuenta que estamos ante un recurso escaso.
Además, ha apuntado a que esta medida viene apoyada por un esfuerzo inversor del Gobierno que garantizará a la zona del Levante una inversión de hasta 650 millones de euros en desaladoras. Unas infraestructuras que, según la ministra, garantizarán una buena gestión de los recursos hídricos para el sector agrícola de la zona.
Polémica por precio del agua desalada
Al rechazo de los cambios en el caudal ecológico del Tajo, se suman el de la retirada de las ayudas para el agua desalada por la expiración del decreto ley de sequía. Una situación que ha despertado la indignación de regantes y de los gobiernos de las comunidades del Levante porque podría triplicar su precio. En este sentido, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha anunciado que su departamento está ultimando un nuevo decreto transitorio que llevará al Consejo de Ministros "a la mayor brevedad posible".