Hoy se resuelve el recurso contra la sentencia a los 6 pobladores de Fraguas
La Audiencia Provincial de Guadalajara decide este miércoles sobre el recurso presentado a la sentencia condenatoria contra los seis jóvenes pobladores de Fraguas, de un año y medio de prisión, por un delito contra la ordenación del territorio, y a una multa total a cada acusado de 2.160 euros.
En apoyo a estos seis pobladores, hay una concentración a las puertas de la Audiencia Provincial de Guadalajara al grito de "La lucha sigue, Fraguas revive".
Concentración Apoyo a #Fraguas #Guadalajara
Isaac Alcázar, uno de los condenados tras la sentencia, ha señalado que "desde la Junta se intenta quitar peso diciendo que no vamos a entrar en la cárcel, al ser una pena menor de dos años, pero eso es en caso de que paguemos la indemnización".
Alcázar ha estimado la sanción económica en más de 50.000 euros, entre las multas de todos -6 euros de cuota diaria durante doce meses- y el coste de responsabilidad civil para abonar la demolición de las construcciones e instalaciones, y de la retirada de residuos y restos de la finca ocupada.
Ahora Guadalajara, así como los miembros del colectivo Fraguas, habían pedido hace semanas, tras conocerse la sentencia, que la Junta se adhiriera a la apelación de la defensa y buscara una salida dialogada al conflicto que mantiene con este colectivo después de cursar una denuncia contra él por delito de usurpación por la repoblación del pueblo abandonado de Fraguas.
Fraguas: la Audiencia de Guadalajara decide
Según han señalado a Efe fuentes del Tribunal Superior de Castilla-La Mancha (TSJCM), los magistrados de la Audiencia se reúnen este miércoles, desde las 10:30 horas, para deliberar, votar y fallar sobre éste y otros recursos, que será a puerta cerrada y no en vista pública, y que la sentencia se conocerá en unos días.
Los seis acusados, cuatro hombres y dos mujeres, pertenecen a la Asociación Repobladores rurales de la Sierra Norte y desde 2013 trabajan en la rehabilitación de Fraguas, un antiguo núcleo poblacional, hoy perteneciente al municipio de Monasterio, en Guadalajara, pero sin la correspondiente autorización, lo que motivó la denuncia de la Junta de Castilla-La Mancha y la correspondiente sentencia.
Los acusados defendieron ante el juez que en ningún caso su proyecto pretendía destruir la naturaleza sino, por el contrario, cuidarla, reconstruir la zona y permitir que fuera nuevamente repoblada
