Extracciones ilegales de agua en 2021: 133 investigados y 1.533 pozos detectados
Más de 133 investigados por la Guardia Civil por 1.533 pozos ilegales en 2021
Agentes del Seprona de la Guardia Civil han detenido e investigado a 133 personas en 2021 por la extracción de agua mediante el uso de más de 1.533 infraestructuras ilegales, de las que el 74 % se corresponden con pozos y sondeos.
Extracciones detectadas
La Dirección General de la Guardia Civil ha informado de la operación Mizu II, que se desarrolló a lo largo del año pasado.
En 2021, los agentes detectaron 98 infracciones penales, la mayoría de ellas contra los recursos naturales y el medio ambiente aunque también destacan otros delitos como distracción o defraudación de aguas, ordenación del territorio e incluso contra la administración pública.
Esta vigilancia y control de los recursos hídricos, principalmente acuíferos, ha permitido detectar hasta 2.326 infracciones administrativas, según detalla el instituto armado en una nota de prensa.
Los investigadores han detectado principalmente perforaciones de pozos y sondeos careciendo de autorizaciones o balsas ilegales de acumulación de agua.
También han localizado captaciones directas de cauces y arroyos y caudalímetros, contadores volumétricos de agua, no homologados, manipulados o simplemente no operativos.
Un peligro para la vida de personas y animales
Según relatan, la mayoría de instalaciones carecía de medidas de seguridad y esto representa un peligro para la vida o la integridad física de personas o animales, sobre todo cuando las estructuras son abandonadas después de ese aprovechamiento ilegal.
Las investigaciones han permitido confeccionar un registro con las ubicaciones de las construcciones ilegales para su control y seguimiento mediante el uso de técnicas de georreferenciación.
Gran parte de la operación se ha desarrollado en zonas especialmente sensibles y vulnerables como pueden ser el Parque Nacional de Doñana y las cuencas de los principales ríos de España.
Entre las actuaciones más relevantes destaca la operación Aquae (Huelva), que ha permitido detectar 10 presuntos delitos contra el medio ambiente por la distracción ilegal de aguas con perjuicio para los ecosistemas del Parque Nacional de Doñana. Aunque las pesquisas siguen abiertas ya se investiga a 14 personas y 12 empresas.
Se sospecha que estos investigados realizaban captaciones de aguas subterráneas careciendo de la preceptiva autorización del organismo de cuenca.
Para ello instalaban pozos ilegales y usaban caudalímetros manipulados para falsear la lectura de la contabilización del agua extraída de forma ilícita. El acuífero del que se estaba realizando dicha captación de aguas estaba declarado como sobreexplotado.
La "piratería" del agua
Según el instituto armado, la actual situación de los recursos hídricos en el entorno del Mediterráneo y en España en particular, pasa por diferentes situaciones en función del territorio y la época del año en que se ponga el foco. Considera que constituye una amenaza grave la sobreexplotación de algunos acuíferos en base a múltiples intereses, principalmente económicos.
Los autores de este tipo de hechos se estarían enfrentando a penas de prisión de seis meses a dos años, multa de diez a catorce meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a dos años. En los casos más graves podría haber penas de hasta cinco años de cárcel.
Todas estas actuaciones se han realizado en colaboración de la Dirección General del Agua, perteneciente al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, así como con los diversos Organismos de Cuenca de España.
La operación Mizu II se ha enmarcado dentro de las acciones operativas encaminadas a la lucha contra la destrucción o modificación del hábitat de especies protegidas dentro del proyecto "Life guardianes de la naturaleza".
