CC OO y UGT reclaman mejoras laborales y más seguridad para los trabajadores de centros de menores

Los sindicatos Comisiones Obreras y UGT han condenado el asesinato de una educadora social, presuntamente a manos de tres menores, en Badajoz y han reclamado más seguridad y mejoras en las condiciones laborales para el personal que trabaja en este tipo de viviendas.

Ambos sindicatos creen que este crimen "pone en evidencia las graves deficiencias del sistema de protección juvenil y las políticas de licitación que priorizan el ahorro económico sobre la seguridad de las personas trabajadoras y de las menores".

También han hecho un reconocimiento a los profesionales que trabajan en el sector, que según los convocantes no tienen el reconocimiento profesional correspondiente, lo que hace que estén "invisibilizados".

Asimismo, los concentrados han advertido de que el suceso de Badajoz pone de manifiesto la "inseguridad" con la que hacen su trabajo, que principalmente consiste en la reeducación y reinserción de menores en la sociedad, y han pedido que las administraciones deben de velar por que las entidades que gestionan estos centros cumplan los mínimos exigidos y la seguridad de los profesionales y los menores, ya que es un servicio público.

En la región hay 550 trabajadores repartidos en 60 centros y de ellos, unos 150 se localizan en Toledo repartidos en 12 centros.

"Lo que ha ocurrido con nuestra compañera visibiliza lo que los educadores y educadoras sociales presenciamos todos los días, con situaciones de estrés y violencia", ha asegurado Antonio Romero, de Comisiones Obreras en Ciudad Real.

Desde UGT insisten en la necesidad de revisar la situación centro por centro y que analicen los procesos de externalización de estos servicios.

Reunión con Bienestar Social el 19 de marzo

En este sentido, el sindicato Comisiones Obreras ha avanzado que se reunirá el próximo 19 de marzo, con representantes de la Consejería de Bienestar Social para abordar cómo va a actuar respecto a la Orden de Concierto Social para la gestión del acogimiento residencial de menores y ejecución de medidas judiciales, después de que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales haya determinado que la Junta "incumple" el convenio colectivo de los trabajadores de estos centros.

Pide CC OO que la Administración regional respete el convenio de aplicación en "condiciones económicas y laborales" de los profesionales dentro de la orden de menores de Castilla-La Mancha.

"Exigimos la aplicación del convenio sectorial en los contratos de la Administración pública. Esto significa una subida salarial del 35 % para los trabajadores de protección y del 20 % en centros de medidas judiciales de régimen abierto", ha demandado.

Del lado de UGT, Estrella Fernández ha afirmado que se trata de "un tema tan sensible, tan importante", que desde el sindicato se muestran dispuestos a escuchar "cualquier forma de mecanismo que la administración ponga a disposición para mejorar las condiciones laborales en los centros de protección y de atención".