Castilla-La Mancha será solidaria con la acogida de menores pero un pacto "con un supremacista identitario no va a acabar bien"

Castilla-La Mancha será solidaria en la acogida de menores pero el presidente del Gobierno regional, Emiliano García-Page, ha sido muy crítico con el pacto migratorio pactado entre Gobierno central y Junts porque "un pacto suscrito "con un reconocido movimiento político y una personalidad que es claramanente supremacista identitario nunca va acabar bien ni a medio ni a largo plazo".

García-Page ha puesto en valor la solidaridad de Castilla-La Mancha y al tiempo ha reprochado a Moncloa no contar con la opinión del resto de comunidades y carecer de política migratoria y estar sometido a los criterios de Puigdemont.

"No tiene política migratoria, todo son parches", y ha recordado que hace escasos meses se plantea construir un centro de acogida en el aeropuerto de Ciudad Real "al más puro estilo Meloni".

"No admito lecciones de solidaridad ni de los que pactan con Vox ni con los que pactan con la extrema derecha independentista", ha reiterado, por lo que estudiarán este pacto migratorio al detalle y no descartan acudir a los tribunales en caso de que fuera necesario.

En su opinión, el Gobierno "olvida a veces que es progresista" y considera "patético" que se utilice a los menores migrantes como "arma arrojadiza entre unos y otros". "Solidarios sí, tontos no", ha concluido. 

En el mismo sentido se ha expresado la consejera Portavoz, Esther Padilla, a quien  "no deja de chirriar un pacto de solidaridad" acordado con un partido político que "no es solidario" y que ha pedido las competencias en la materia "para expulsar a los inmigrantes".

"No aprobamos lo que dicen Junts desde Cataluña ni PP y Vox desde la Comunidad Valenciana", ha continuado la portavoz del Ejecutivo autonómico, quien ha defendido un modelo de acogida de menores "en hogares y no hacinándolos".

Se estudiará "con lupa" el decreto-ley

El Gobierno de Castilla-La Mancha estudiará "con lupa" el real decreto-ley del reparto de menores no acompañados, al tiempo que ha exigido que su materialización tiene que ir acompañada de financiación del Ejecutivo central.

En este sentido lo ha expresado la consejera de Bienestar Social, Bárbara García, que ha conocido el contenido del real decreto este miércoles, ya que "no se ha trabajado con las comunidades autónomas".

A lo largo de los próximos días los técnicos estudiarán "con detenimiento" el contenido, porque al Gobierno regional le "preocupa" ya que es un real decreto "trabajado, negociado y pactado con Junts, un partido que es xenófobo", ha recalcado, por lo que hace que se tengan "muchas dudas" en torno a la norma y en que pueda contener "algo que no podamos llegar a entender".

Con respecto al número de menores que corresponderá a Castilla-La Mancha, la titular de Bienestar Social ha dicho que no se puede saber hasta que las comunidades autónomas hagan sus certificaciones a día 31 de marzo, si bien ha añadido que, por lo que se ha conocido hasta ahora, "igual que Vox no quiere menores en Valencia, Junts tampoco los quiere en Cataluña".

En concreto, ha especificado que en la actualidad hay alrededor de 500 menores tutelados en la comunidad autónoma en recursos residenciales, pero ha precisado que la cifra se eleva a 1.000 porque Castilla-La Mancha apuesta por el acogimiento familiar y el recurso de hogares y no de grandes centros, tal y como lo ampara la Ley de protección a la infancia y adolescencia aprobada hace unos años en la región.