Castilla-La Mancha presenta el recurso al reparto del impuesto a la banca, "a todas luces es insolidario"

Un Consejo de Gobierno extraordinario, celebrado este viernes, ha dado luz verde al recurso contra el impuesto a la banca que Sánchez ha pactado con Puigdemont. Ya se ha presentado en el Tribunal Constitucional. Un reparto que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page calificó de 'Trumpista' y que cree que se hace con unos criterios que beneficiarán a las comunidades más ricas. De hecho, censura el silencio de otros presidentes autonómicos porque, afirma, se verán favorecidos por la medida.

A favor del impuesto, en contra de cómo repartirlo

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha explicado que el recurso al Tribunal Constitucional por el reparto del impuesto a la banca se basa en que vulnera los principios de autonomía financiera y de solidaridad. Insiste en que Castilla La Mancha no está en contra del impuesto pero sí en la manera de repartirlo. 

Madrid y Cataluña se llevarían el 40 por ciento de los 1560 millones que se espera recaudar. Castilla-La Mancha recibiría unos 75 millones de euros. 

En una rueda de prensa tras la celebración del Consejo de Gobierno extraordinario, ha sostenido que el informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Comunidades ya advierte de que utilizar el criterio del Producto Interior Bruto (PIB) regional para el reparto de la recaudación del impuesto es "atípico o anómalo".

En este sentido, ha incidido en que "en ningún otro lugar del mundo se han repartido los impuestos en función de la riqueza ", y tampoco nunca en España se había usado un criterio de estas características.

Principales motivos de recurrirlo

El titular de Hacienda ha detallado los tres motivos fundamentales por los que tanto el Gabiente Jurídico de la Junta como el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha han considerado que este criterio de reparto pudiera ser objeto de recurso de inconstitucionalidad.

En primer lugar, ha señalado que se ha aprobado "a espaldas de las comunidades autónomas", que, a su modo de ver, tendrían que haber sido llamadas a debatir sobre el criterio de reparto en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) pero al no haberse producido, "se lesiona el principio de autonomía financiera de las comunidades autónomas consagrado en el artículo 156.1 de la Constitución".

En segundo lugar, el recurso recoge que la ley debería haberse tramitado no como ley ordinaria sino como orgánica, ya que los criterios de reparto de los diferentes tributos están detallados en el artículo 10 de una ley orgánica, la de financiación de las comunidades autónomas y, por tanto, si se trata de aprobar un nuevo criterio habría que haber modificado dicho artículo porque si no "vulnera la reserva de ley orgánica en materia de financiación autonómica".

Y en tercer lugar, el consejero de Hacienda ha hecho hincapié en que este reparto "está claro que vulnera el principio de solidaridad" con un nuevo criterio creado por el Estado que "a todas luces es insolidario", en tanto en cuanto acentúa las diferencias de riqueza entre las regiones.

A preguntas de los periodistas, Ruiz Molina ha afirmado que el criterio que considera el Gobierno regional que debería utilizarse es el de población ajustada, porque es el que reconoce los diferentes costes que tienen las comunidades autónomas en la prestación de servicios públicos, con el que a Castilla-La Mancha le corresponderían 75 millones mientras que con el criterio del PIB recibiría 60 millones.