SANIDAD
Castilla-La Mancha habilita un registro telemático para sanitarios que no quieran practicar abortos
La Junta quiere garantizar los derechos de médicos y enfermeros, pero también de las mujeres que deseen interrumpir su embarazo
El registro de los objetores de conciencia que no quieran realizar abortos será telemático y garantiza el anonimato.
Médicos y enfermeros tendrán que inscribirse en un registro telemático en Castilla-La Mancha para acogerse a su derecho de objeción de conciencia para no practicar abortos en los hospitales de la región.
Un registro al que obliga la última reforma de la Ley del Aborto y con el que la Junta quiere garantizar los derechos de los sanitarios, pero también de las mujeres que quieran interrumpir su embarazo.
Según ha explicado la consejera Portavoz, Esther Padilla, este registro telemático es similar al que ya existe para los sanitarios que son objetores de conciencia en aplicar la eutanasia y garantiza el anonimato.
Es un derecho al que pueden acogerse tanto el personal sanitario de la sanidad público como la privada. A través de este registro, que solo conocerán las direcciones de las gerencias, se permite la organización del trabajo ante solicitudes de mujeres que deseen interrumpir su embarazo.
Actualmente todos los médicos que trabajan en hospitales públicos de Castilla-La Mancha son objetores de conciencia por lo que las mujeres que requieren de este servicio son derivados a la sanidad privada.
Ahora, quien se pronuncie como objetor de conciencia debe, de manera individualizada, rellenar un formulario ante la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección Sanitaria y Farmacia.
"Únicamente las direcciones de cada Gerencia sabrán cuales de sus médicos se acogen a este registro de objeción de conciencia; ya que uno de los objetivos es, precisamente, facilitar este listado para conocer la disponibilidad de médicos o enfermeras disponibles para interrumpir embarazos”, ha explicado la consejera Portavoz.
La declaración de objeción de conciencia tendrá efectos de forma indefinida y podrá ser modificada o revocada en cualquier momento. Entrará en vigor a los 20 días después de su publicación en el Diario Oficial de Castila-La Mancha, que será “previsiblemente el viernes o el próximo lunes”, tal y como ha concluido la consejera.
