Castilla-La Mancha acogerá un proyecto piloto para luchar contra la exclusión social

Castilla La Mancha acogerá un proyecto piloto del gobierno central para luchar contra la exclusión social. Un programa de dos años con 9 millones de euros de inversión.

Nuestra región ha sido la elegida para trabajar con 2.000 personas en riesgo de exclusión social y, una vez finalizado el proyecto, que se llama "Construir para volvera ser ", los resultados se aplicarán al resto del territorio nacional.

Se van a crear dos grupos, cada uno de mil individuos. El primero, de simple observación y uno segundo con itinerarios personalizados para que superen las razones de cualquier índole que les ha llevado a esa situación.

Para ponerlo en marcha, el Consejo de Gobierno ha autorizado un programa temporal de empleo por 2,8 millones de euros gracias al cual se nombrarán a 42 personas funcionarias interinas para el desarrollo de este proyecto piloto, por parte de la Consejería de Bienestar Social, para la inclusión social de personas en situación de vulnerabilidad, riesgo o exclusión social.

La consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, ha explicado que este proyecto del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, está dirigido a personas que perciben el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y personas que se encuentran en diagnóstico de exclusión por los Servicios Sociales, fundamentalmente mujeres con hijos e hijas.

El programa se va a llevar a cabo en 15 zonas de la región, tres en cada provincia, en las que se verán representadas todas las zonas que componen la región (rurales urbanas y periurbanas) con la participación de 2.000 personas.

Tal como ha explicado la consejera, la evaluación el impacto del proyecto se realizará asignando de forma aleatoria a las personas participantes en dos grupos: 1.000 personas participarán en un ‘grupo de tratamiento’ y se les realizará un itinerario personalizado de inclusión social que estará relacionado con cuestiones como la formación, la rehabilitación de conductas, la educación, o el empleo; y otras 1.000 estarán en un ‘grupo de control’, es decir, personas con las que se viene trabajando de la manera habitual para ver las diferencias entre uno y otro modelo.

El objetivo es conocer qué ocurre, ya que, tal como ha indicado Blanca Fernández, “la pobreza no se erradica solamente con prestaciones económicas, ni siquiera con empleo, que es aún mucho mejor que una prestación económica. La pobreza y la exclusión social también hay que trabajarlas desde el punto de vista emocional, social y cultural”.

“Por resumir, se trata de un proyecto piloto que busca erradicar esa frase que, siendo manida, no deja de ser cierta, de que la pobreza se hereda, y no solo en términos económicos. Es ahí donde vamos a incidir en los próximos meses y años y, sinceramente, creo que puede ser un proyecto muy interesante que dé un salto cualitativo en la forma de afrontar la pobreza en Castilla-La Mancha”, en palabras de la consejera.

El proyecto se incardina en el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia que contempla la implantación de un nuevo modelo de inclusión, a partir del Ingreso Mínimo Vital, que reduzca la desigualdad de la renta y las tasas de pobreza extrema y moderada.

[caption id="attachment_112447" align="alignnone" width="1024"] Población bajo el nivel de pobreza que ha percibido el Ingreso Mínimo Vital por comunidades autónomas

EPDATA

12/4/2022[/caption]

En el marco de este Plan, Castilla-La Mancha ha sido priorizada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para desarrollar este proyecto piloto de Itinerario de Inclusión Social con 8,9 millones. Con este importe se financiarán las 42 contrataciones aprobadas ayer con las que se reforzarán tanto a los equipos de Servicios Sociales de Atención Primaria, como al personal de las delegaciones provinciales y los servicios centrales de la Consejería de Bienestar Social para coordinar, supervisar y hacer el seguimiento del proyecto.

También se financiará un segundo bloque de contrataciones de 15 orientadores y orientadoras laborales para las oficinas ‘Emplea’, por importe de 1,2 millones, a las que dará el visto bueno el Consejo de Gobierno en las próximas semanas. De la misma manera se costearán los gastos de formación de las y los profesionales que se contraten en el desarrollo de esta experiencia piloto, así como sus gastos de desplazamientos a los municipios en los que intervengan.

Por último, se financiará la formación de las personas beneficiarias, sus gastos de desplazamiento, porque se trata de intervenir en la cercanía, y los costes que tengan cuando necesiten algún apoyo para cuidados de hijos, hijas o de familiares dependientes ya que el objetivo es que no tengan ningún obstáculo a la hora de desarrollar su itinerario.