Así será la ley de integridad de Castilla-La Mancha que vigilará a los cargos públicos

El Gobierno de Castilla-La Mancha tiene prevista la remisión a las Cortes del proyecto de Ley de Integridad Pública, para su tramitación y aprobación.

Así lo ha comunicado el vicepresidente primero del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que ha explicado las novedades entorno a este proyecto de Ley. 

El objetivo de esta es "reforzar los controles sobre los altos cargos de la Administración regional", defiende Guijarro, una ley que esperan aprobar con el "máximo consenso posible". 

Qué se entiende por cargo público

La primera de las novedades que recoge el Gobierno en este proyecto de ley tiene que ver con una definición más clara del término de cargo público. Qué se entiende por cargo público y quiénes son las personas que tienen esta consideración. 

Como explica el vicepresidente primero, son cargos públicos: el Consejo de Gobierno, las direcciones generales, viceconsejerías; vicepresidentes y directores generales de cualquier ente público, organismo autónomo, empresa pública o fundación y otros cargos que se reflejarán en la ley prevista. 

Comprobación del patrimonio una vez finalizada la legislatura

Además, otra novedad de esta norma tiene que ver con el control del patrimonio de los cargos públicos. Cuando se convoquen elecciones autonómicas, la oficina de integridad llevará a cabo una comprobación de la diferencia del patrimonio de los miembros del Gobierno con respecto al momento en que tomaron posesión, explica Guijarro. 

Para los miembros del Gobierno esta comprobación de patrimonio es obligatoria, mientras que para el resto de cargos públicos es un ejercicio voluntario. 

De esta forma se comprueba que el patrimonio que tienen al terminar la legislatura se corresponda con lo que han generado durante estos años y que no haya ningún tipo de irregularidad, ya que estos firman una declaración responsable de compatibilidad de su actividad por la que se comprometen a dedicarse exclusivamente a su trabajo como cargo público. La oficina de integridad comprobará si esto se cumple, y si no es así, se deberá abandonar el cargo público.

Regulación del conflicto de interés

Además, Martínez Guijarro ha explicado otra de las novedades sobre la regulación del conflicto de interés. "Un cargo público tiene que abstenerse de participar en un procedimiento administrativo cuando el interés privado o personal esté por encima del interés general".  Este cargo deberá comunicar su abstención en este procedimiento a la oficina de integridad. 

Con la Ley de Ley de Integridad Pública de la región, vigilarán también que los cargos públicos no trabajen durante los dos años siguientes al cese, en empresas que hayan tenido algún tipo de relación con ellos durante el tiempo que se ejerció como cargo público. 

El vicepresidente primero ha anunciado el régimen sancionador que se aplicará en caso de incumplimiento de las obligaciones de los cargos públicos, que van desde la amonestación, hasta el cese e inhabilitación en el cargo público durante 4 años.