Acusados de trata y explotación laboral en Balazote (Albacete) confiesan y evitan la cárcel

En el juicio celebrado esta mañana en la Audiencia Provincial de Albacete, los dos hombres acusados de cometer seis delitos de trata de personas y explotación laboral contra trabajadores rumanos han reconocido los hechos. De esta manera, han conseguido el acuerdo entre la Fiscalía y la defensa en el juicio contra una red de trata en Albacete. Pedían para ambos más de 50 años de cárcel pero finalmente no irán a prisión.

La Fiscalía consideraba que los hechos son constitutivos de seis delitos de trata de personas por los que pedían un total de 54 años de prisión, nueve por cada delito, para cada uno de los dos acusados (de los cuales solo cumplirían 20)

Estos dos hombres, hermanos, obligaban a sus empleados a trabajar en en el campo un mínimo de doce horas diarias tras dormir hacinados en colchones sacados de la basura. Los más afortunados apenas llegaron a cobrar 200 euros al mes.

Según el escrito de acusación, ocurrió durante el primer semestre de 2014, cuando los acusados, C.A.P. y G.N.P., hermanos de nacionalidad rumana, montaron una red para contactar con trabajadores de su mismo país y ofrecerles trabajo y alojamiento en la localidad albaceteña de Balazote.

Dormían en colchones sobre cajas

La oferta consistía en una vivienda para 14 personas y una jornada laboral de 11 horas, que comenzaría a las 6.00 horas y finalizaría a las 17.00 horas y recibirían un salario en función de las cajas recolectadas o las horas trabajadas. Sin embargo, una vez en Balazote, los procesados alojaron a los trabajadores en una nave, sin aislamiento, con tan solo dos cuartos de baño, sin agua caliente y con colchones sobre cajas de madera que hacían de cama.

Alojamiento por el que, además, tuvieron que pagar 80 euros mensuales, más cuatro por las bombonas de butano y cinco por el transporte hasta el ajar. Un precio extra del que, según la acusación, no se les había informado en ningún momento.

Amenazas y estafas a los inmigrantes

Ante dichas condiciones, los inmigrantes comenzaron a protestar, siendo amenazados por C.A.P. con abonar el dinero del viaje si abandonaban. Un dinero que no tenían ya que no habían comenzado a trabajar. Amenazas que se repitieron en varias ocasiones, confiscando los acusados la documentación de todos los trabajadores hasta que estos pagaran las supuestas deudas generadas por el alquiler, la manutención o el transporte.

Algunos de los trabajadores a los que les correspondía 2.100 euros al mes nunca llegaron a cobrar, mientras que otros tan solo recibieron 28 o 30 euros. Los inmigrantes permanecieron en estas condiciones 70 días, desde el 19 de mayo hasta el 22 de julio.