Así es la normativa que permitirá que varios presos etarras salgan de prisión antes de lo previsto

El proyecto de ley sobre intercambio de información de antecedentes penales que permitirá que varios presos etarras salgan de prisión antes de lo previsto, termina este lunes su tramitación parlamentaria, previsiblemente con el voto en contra de la mayoría del Senado, a pesar de lo cual será publicada en el BOE. 

Más allá de las reacciones de portavoces y grupos parlamentarios, Marta Muñoz de Morales, catedrática de Derecho de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), explica esta cuestión desde el punto de vista jurídico durante una entrevista en Castilla-La Mancha Despierta. 

¿En qué consiste la directiva de la UE?

Según ha explicado la catedrática de Derecho de la UCLM, la directiva ECRIS regula las condiciones para intercambiar información sobre las condenas de un sujeto y la decisión marco del 2008, "la problemática", obliga a tener en cuenta condenas previas dictadas en otros estados a efectos de: reincidencia, libertad condicional y acumulación de condena. 

"Toda la controversia no viene por la transposición de esa directiva, sino que, como consecuencia de transponerla se ha aprovechado para modificar otra decisión marco de 2008", explica Muñoz de Morales. 

Desde el Gobierno insisten en que el texto que se va a aprobar es literal al que ya  aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy en Consejo de Ministros en el año 2014. En ese momento "se introdujo in extremis" la excepción para que los terroristas no cumularan las condenas nacionales, "aunque no se decía expresamente que era para ellos, todos sabíamos que así era", reconoce la catedrática. 

"El único órgano jurisdiccional que puede convalidar las condenas es el Tribunal de Justicia de la UE"

"La norma que planteó el PP hace años era la misma que ahora solo que finalmente no se aplicó porque se introdujo la excepción y ahora se quita la excepción y se vuelve al texto original". 

A partir de la aprobación de esta reforma de ley, cada preso afectado por la norma tendría que solicitar a la Audiencia Nacional que vuelva a calcular su salida de prisión, una decisión que puede ser recurrida por la Fiscalía y las víctimas personadas en cada causa.

Como ha asegurado la catedrática, las penas cumplidas en otros Estados miembros quedarán convalidadas "a todos los efectos". 

Esta propuesta de modificación fue aprobada por el Congreso de los Diputados el pasado 18 de septiembre con 346 votos a favor y ninguno en contra. Ahora se ha provocado un duro enfrentamiento entre el Gobierno y la oposición, que acusan al Ejecutivo de incluir "de tapadillo" la enmienda de Sumar.

"Estamos ante la incompetencia o la ignorancia deliberada"

Para Muñoz de Morales existen varias posibilidades. "Una, que sea una temática muy compleja y encontrar una enmienda así no da lugar a que pueda afectar a todos los casos de terrorismo". Por otro lado, "que se han aprovechado de la transposición de una directiva que nada tiene que ver con el reconocimiento de la condena sino con saber si una persona tiene una condena o no en otro estado, y, aprovechando esa modificación legislativa han intentado introducir esa enmienda".

¿Se podría haber habilitado una excepción para los presos etarras?

Marta Muñoz de Morales también ha explicando durante su entrevista las consecuencias que puede tener para España no transponer esta directiva europea a nuestra legislación. 

"Si no transpone la directiva ECRIS, puede haber consecuencias porque se inicia un procedimiento por inejecución y eso le puede costar dinero al estado porque el tribunal de justicia le puede imponer una multa". 

En el caso de la decisión marco de 2008, "la controvertida", "no hay consecuencias de reconocer una condena dictada en otro estado miembro porque es una norma muy antigua y no se aplica el procedimiento por inejecución, no transponerla no tiene consecuencias".

La catedrática ha explicado que "se podría haber habilitado una excepción para los presos etarras, pero para eso habría que preguntar al Tribunal Europeo de Justicia si eso está permitido, que es lo que ha hecho la Audiencia Nacional".